Estos hechos delictivos aumentaron a raíz de la pandemia
Los diputados Juan Guevara Moreno y Graciela Juárez Montes, coordinador e integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LX Legislatura del estado, respectivamente, ingresaron a Oficialía de Partes, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación del estado de Querétaro en materia de infraestructura educativa; y adiciona el artículo 183 QUINTUS al Código Penal del estado de Querétaro.
Estas reformas tienen como objetivo crear un delito específico para el robo a las escuelas, para lo cual proponen penar de 1 a 15 años de prisión, a quienes cometan este tipo de hechos delictivos a las escuelas y establecer multas que van desde los 100 hasta los 750 días multa, así como que dicho tipo penal sea perseguido de oficio dada la afectación no solo material o pecuniaria, sino además la afectación al derecho humano a la educación y al libre desarrollo de la personalidad de los educandos.
De igual forma, se pretende que en la Ley de Educación del estado se establezca de forma clara qué es lo que debe entenderse por infraestructura educativa en los términos que señala la Ley General de Educación, con la finalidad de que en la gestión escolar, no solo se administren los recursos para mejorar la infraestructura de los espacios escolares, sino que estos se encaminen a adecuar dicha infraestructura educativa bajo una óptica de inclusión, a fin de eliminar obstáculos que impidan el acceso de todas las personas a la educación.
Los legisladores argumentaron que se busca inhibir los robos y actos de vandalismo en contra de las escuelas del estado, que se han dado especialmente a partir de la pandemia por Covid-19 y por lo cual se suspendieron actividades presenciales en las escuelas; además de garantizar que todos lo centros educativos cuenten con infraestructura inclusiva.
En la presente iniciativa, se señala que Querétaro cuenta con 650 mil 232 estudiantes en todos los niveles educativos (educación inicial, especial, básica, media superior y superior), de los cuales el 50.39% son mujeres y el 49.61% hombres; de estos, alrededor de 355 mil son personas con limitación o discapacidad, siendo más de 70 mil en edad escolar; mientras que el porcentaje de egresados de la educación secundaria, media superior y superior en el estado es de 97.9%, 93.4% y 93.9% respectivamente.
Por ello, es que cualquier atentado o afectación que sufran las instituciones educativas, va en detrimento del ejercicio del derecho a la educación, así como al libre desarrollo de la personalidad, lo que implica tácitamente que sus consecuencias tienen un impacto directo, tanto en cada educando como en el tejido social mismo.
Derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19, las escuelas a nivel nacional han sufrido, al menos, 7mil robos; mientras que en el estado, el robo y vandalismo ha afectado, al menos, a 150 centros educativos; y recordaron que previo al regreso a clases presenciales, el coordinador de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Raúl Iturralde Olvera, señaló que 40 escuelas que ya habían sido rehabilitadas sufrieron robo o vandalismo.
Finalmente mencionaron que el robo y vandalismo de los centros educativos impacta en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 en materia de educación, ya que si los espacios educativos no cuentan con las herramientas mínimas necesarias para ser funcionales y proveer a los educandos de la eficacia necesaria, sobre todo frente al nuevo paradigma educativo que se basa en las tecnologías digitales y de información, seguirá habiendo un rezago en las políticas de materia educativa.
